Derechos de la Niñez
Los derechos humanos consideran a todos los grupos de edad. En términos generales, los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos humanos que los adultos. Sin embargo, como los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables, necesitan de derechos concretos que reconozcan su necesidad de recibir una protección especial.
Reconociendo esta necesidad especial, en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la “Convención sobre los Derechos del Niño”, un documento muy importante que estableció los derechos que hay que convertir en realidad para que los niños, niñas y adolescentes desarrollen su pleno potencial y no sufran a causa del hambre, la necesidad, el abandono y los malos tratos.
Todos los derechos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño se extienden a todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, tal como indica el artículo 1 de la Convención al establecer que “para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado entes la mayoría de edad.”
La “Convención sobre los derechos del Niño” estableció el reconocimiento internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos, y no como meros objetos pasivos de un derecho a ser protegidos. La Convención ofrece una visión de niños, niñas y adolescentes como individuos y como miembros de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad y su etapa de desarrollo. Al reconocer los derechos de la infancia de esta manera, la Convención se centra firmemente en todos los aspectos del niño y la niña. Fue firmada por el Perú el 26 de enero de 1990 y ratificada el 4 de Septiembre del mismo año.
EN MAYOR DETALLE (UNICEF):
Los gobiernos deben mostrar su sensibilidad hacia los derechos de todos sus ciudadanos -no solamente los de los niños y niñas- pero la comunidad mundial reconoce que se debe dar prioridad a la protección de los derechos de la infancia. Hay razones muy sólidas que sustentan la necesidad de considerar los derechos de los niños como un caso especial:
Los niños y niñas son individuos. No son la posesión de sus progenitores ni del estado, ni tampoco son personas en proceso de formación; tienen la misma categoría como miembros del género humano.
Los niños y niñas comienzan su vida como seres completamente dependientes. Deben depender de los adultos para su crianza y para recibir la orientación que necesitan a fin de convertirse en personas independientes. Por lo general, los niños reciben estos cuidados de los adultos en el marco de una familia, pero cuando los cuidadores primarios no pueden satisfacer las necesidades de los niños, la sociedad debe buscar una solución.
Las medidas, o la falta de medidas, de los gobiernos tienen repercusiones más graves sobre la infancia que sobre cualquier otro grupo de la sociedad. Prácticamente todas las esferas de acción política del gobierno (por ejemplo, la educación, la salud pública, etc.) afectan a la infancia de alguna manera. Los planteamientos estrechos de miras que no tengan en cuenta a la infancia conllevan repercusiones negativas para el futuro de todos los miembros de la sociedad al generar políticas que no dan resultados.
Las opiniones de los niños y niñas se escuchan y se toman en cuenta muy pocas veces en el proceso político. Por lo general, los niños y niñas no votan y por ello no participan en los procesos políticos. Si no se presta una atención especial a las opiniones de la infancia -expresadas en el hogar y en las escuelas, en las comunidades locales e incluso en los gobiernos- se dejan de escuchar los puntos de vista de la infancia sobre los numerosos temas importantes que les afectan ahora o que les afectarán en el futuro.
Muchos cambios en la sociedad tienen repercusiones desproporcionadas, y a menudo negativas, sobre la infancia. La transformación de la estructura familiar, la globalización, el cambio en los modelos de empleo y una estructura de bienestar social cada vez más débil en muchos países, son elementos que repercuten sobre la infancia. Las consecuencias de estos cambios pueden ser especialmente devastadoras en situaciones de conflicto armado y otras situaciones de emergencia.
El desarrollo sano de la infancia es crucial para el futuro y el bienestar de cualquier sociedad. Debido a que todavía están en proceso de desarrollo, los niños y niñas son especialmente vulnerables -más que los adultos- a las deficientes condiciones de vida que originan la pobreza, la escasa atención de la salud, la falta de nutrición, agua potable y vivienda, y la contaminación del medio ambiente. Los efectos de la enfermedad, la desnutrición y la pobreza amenazan el futuro de la infancia y por tanto el futuro de las sociedades donde viven.
Los costos para una sociedad que no es capaz de atender adecuadamente a sus niños son enormes. Las investigaciones sociales muestran que las primeras experiencias de los niños y niñas influyen considerablemente sobre su desarrollo futuro. El rumbo de su desarrollo determina su contribución a la sociedad a lo largo de sus vidas, o el costo que pueden representar.
Promover y proteger los derechos de la infancia
Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño está dirigida a los gobiernos como representantes del pueblo, en realidad se refiere a las responsabilidades a todos los miembros de la sociedad. En general, sólo es posible convertir estas normas en realidad cuando todo el mundo las respeta: los padres y madres y los miembros de la familia y de la comunidad; los profesionales y otras personas que trabajan en las escuelas, en otras instituciones públicas y privadas, al servicio de la infancia, en los juzgados y a todos los niveles del gobierno- y cuando todos y cada uno de estos individuos llevan a cabo sus funciones con respecto a estas normas.
El papel de los gobiernos, las familias y los propios niños y niñas
Los gobiernos están obligados a reconocer la gama completa de los derechos humanos de todos los niños y niñas y a tenerlos en cuenta en las decisiones legislativas y en las políticas. Aunque muchos Estados han comenzado escuchar seriamente los puntos de vista de la infancia acerca de numerosas cuestiones importantes, el proceso de cambio se encuentra todavía en sus primeras etapas.
Los niños y niñas tienen derecho a expresar sus opiniones y a que sus puntos de vista se tomen seriamente y se les conceda el debido valor. Pero también tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los demás, especialmente los de sus padres y sus madres.
La Convención se refiere específicamente a la familia como un grupo fundamental de la sociedad y el entorno natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, especialmente los menores de edad. Bajo la Convención, los Estados están obligados a respetar la responsabilidad primaria de los progenitores en el cuidado y la orientación de sus hijos y a apoyar a los progenitores a este respecto, proporcionándoles asistencia material y programas de apoyo. Los Estados están también obligados a evitar que los niños y niñas tengan que separarse de sus familias, a menos que la separación sea necesaria para el interés superior del niño.
Cumplir las obligaciones: poner en práctica los principios
Bajo la Convención, los Estados parte tienen la obligación de enmendar y promulgar leyes y políticas destinadas a poner plenamente en práctica la Convención. Como resultado, este documento ha inspirado un proceso de implementación jurídica nacional y de cambio social en todas las regiones del mundo. Los gobiernos locales y nacionales han enmendado leyes para tener en cuenta el interés superior del niño y han adoptado políticas sociales que promueven la puesta en vigor de los derechos de la infancia. Tanto las comunidades como los individuos, entre ellos niños y niñas, han participado activamente ofreciendo sus puntos de vista y pidiendo cambios.
